Actualmente, ante la situación actual de la pandemia COVID-19, la estabilidad social, individual y educativa se han visto alteradas abruptamente (Morales, 2020). La contingencia ha causado un gran impacto en la educación (Banco Mundial, 2020), ya que el ciclo escolar se vio interrumpido y como medida preventiva a nivel mundial, todo el sistema educativo se vio en la necesidad, en muy poco tiempo y sin contar con los recursos necesarios, en rediseñar una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la modalidad virtual, con la finalidad de poder continuar con el ciclo escolar, sin embargo, los problemas descritos anteriormente se han agudizado, ya que esto no solo ha afectado la enseñanza, sino también la comunicación con estudiantes y familias, lo cual supone un impacto negativo en el aprendizaje. Con las clases en línea los estudiantes han mostrado síntomas de ansiedad, estrés, irritabilidad y agresividad, lo cual se verá reflejado en el aprendizaje o desempeño académico (Lemus, 2020). Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ([ONU], 2020) ha pronunciado que el tener a tantos estudiantes fuera de las escuelas alterará su proceso de aprendizaje, especialmente aquellos que están en situaciones vulnerables.
Por ejemplo, la población indígena en México asciende a 12 millones 25 mil 947 personas y constituye 10.1% de la población total (INEGI, 2015). Históricamente, esta población ha estado sometida a condiciones de desigualdad y exclusión por la sociedad dominante, que han provocado carencias de acceso a servicios de salud y educación de calidad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2019), el 69.5% de la población indígena (8.4 millones de personas) está en situación de pobreza, es decir, percibe ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias y, a la vez, presenta al menos una carencia social. La implementación del programa de educación a distancia “Aprende en casa” de la SEP durante la pandemia por COVID 19, supuso un desafío para las poblaciones indígenas, por sus limitaciones de acceso a Internet y a los medios de comunicación masivos (INEGI, 2018). Esto ha acentuado la situación de exclusión al derecho a la educación de los niños/as y jóvenes indígenas, especialmente los que viven en zonas rurales. Por otro lado, esta circunstancia está teniendo consecuencias negativas en la continuidad del enfoque intercultural e inclusivo en la educación pública mexicana (Dietz y Mateos, 2020; IISUE, 2020; Kalman, 2020). Por lo que es imperante llevar a cabo estudios en el área educativa para identificar las variables asociadas al aprendizaje e implementar programas multidisciplinarios que contribuyan a la inclusión educativa de sectores vulnerables.
Otro sector vulnerable es el grupo de adultos mayores. Ante el envejecimiento de la población en el mundo, ha aumentado el número de personas jubiladas. La jubilación, es un evento transicional caracterizado por un proceso continuo de adaptación al cambio y puede exponer a las personas a diferentes niveles de vulnerabilidad biofísica, psicológica y socioeconómica. Por lo que es imprescindible desarrollar programas multidisciplinarios que permitan la inclusión de los adultos mayores en actividades productivas en la sociedad.
Por otra parte, la violencia laboral es una variable que ha mostrado ir en aumento en México (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019). Sus efectos en los prestadores de servicios laborales son diversos, pueden ser desde problemas que repercuten en su salud física, psicológica o en la manera en la que se adaptan a su entorno social y laboral (Pando, Aranda, Preciado, & Franco, 2006; Acevedo, 2012; Acosta-Fernández, Torres-López, Aguilera-Velasco & Parra-Osorio, 2013). Por lo que resulta urgente identificar las variables asociadas a la violencia en todas sus manifestaciones e implementar programas multidisciplinarios para su prevención e intervención.
Un grave problema es la violencia escolar ya que influye negativamente en el clima social de la escuela y el ambiente de aprendizaje en general (Abramovay, 2005; Beane, 2008; Elliot, 2008; Ortega & Del Rey, 2008; Swearer, Espegale, & Napolitano, 2009). Además, atenta contra el fin último de la educación: formar ciudadanos que sepan convivir con respeto en el marco de sociedades democráticas (Ortega, 2010).
En el ámbito de las relaciones de pareja, la violencia en el noviazgo se asocia con frecuencia a la exposición de violencia en sus hogares (Rey-Anacona, Bolívar, & Martínez, 2017), con sus amistades (Gómez, 2013; Hoyos, Llanos, & Valega, 2012) y en su comunidad (Frías-Armenta, López-Escobar, & Díaz- Méndez, 2003). Las reiteradas experiencias de violencia normalizan estas actitudes (Ramírez & Nuñéz, 2010) y los conduce a reproducirlas con sus parejas, llevándolos a tener graves consecuencias, que repercutirán hasta en relaciones de la edad adulta (Cortés et al., 2014; Molina & Moreno, 2014; Tharp, 2012). A nivel mundial 9 de cada 10 jóvenes sufren de violencia, de los cuales sólo 3 la denuncian, el resto de los afectados tienden a callársela o a no identificarla, siendo la violencia emocional y psicológica la más frecuentes (OMS, 2016).
Por otro lado, se ha demostrado a nivel nacional e internacional que el 75% de la población con dependencia a sustancias, presenta criterios diagnósticos para algún trastorno psiquiátrico comórbido, siendo más prevalentes los trastornos por déficit de atención y personalidad antisocial (Daley & Moss, 2002; Drake & Wallach, 200; Marín et al., 2013). Dentro de sistemas de reclusión se ha demostrado el 45% de comorbilidad con los trastornos por uso de sustancias (Lukasiewicz, 2009). Por lo que el consumo de sustancias se relaciona con la conducta violenta y es un fenómeno que hay que atender y prevenir.
Por otra parte, la violencia laboral es una variable que ha mostrado ir en aumento en México (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019). Sus efectos en los prestadores de servicios laborales son diversos, pueden ser desde problemas que repercuten en su salud física, psicológica o en la manera en la que se adaptan a su entorno social y laboral (Pando, Aranda, Preciado, & Franco, 2006; Acevedo, 2012; Acosta-Fernández, M., Torres-López, T., Aguilera-Velasco, M. & Parra-Osorio, 2013). Por lo que resulta urgente identificar las variables asociadas a la violencia en todas sus manifestaciones e implementar programas multidisciplinarios para su prevención e intervención.
En este marco, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), en respuesta a la demanda social de formar recurso humano calificado en el desarrollo de la investigación, en el año 2014 logra contar con un programa de posgrado denominado Maestría en Investigación Psicológica aprobado por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, el cual actualmente se encuentra En Desarrollo. Debido a esto resulta necesario dar continuidad al Posgrado por lo que se crea el Doctorado en Investigación Psicológica el cual permitirá formar psicólogos enfocados en la generación de nuevo conocimiento. Dicho programa está conformado por dos LGAC: Actores y Procesos Psicoeducativos y, Calidad de Vida y Bienestar Psicosocial.